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El Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta una moción sobre la gestión del agua en Andalucía

El pasado viernes 2 de junio, en el Pleno Ordinario correspondiente a dicho mes, el Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA llevó a Pleno la siguiente moción:

La gestión del agua es una de las principales competencias con las que se enfrenta un municipio. En los últimos años hemos asistido en toda Andalucía a un proceso de mercantilización de este recurso, que por ser vital para el desarrollo humano, debería recaer su gestión en los poderes públicos. Las grandes empresas han utilizado para entrar en el “negocio” del agua prácticas que se sitúan en el borde de lo legalmente permisible y de lo intolerable desde cualquier punto de vista ético.
Andalucía cuenta con 778 municipios repartidos en 8 provincias; la gestión del agua a lo largo del territorio es muy diversa. Existen fórmulas de gestión muy diferentes: algunos municipios optan por delegar la gestión del servicio a una empresa privada, o forman una sociedad de economía mixta con un socio privado, otros gestionan el servicio desde la opción pública, bien mediante empresas públicas o desde los propios servicios municipales. Tampoco faltan los casos en que la gestión se realiza de forma mancomunada entre varios municipios, ya sea de forma pública, privada o mixta.

En 2016 el 74´84% de los municipios andaluces gestionan el servicio urbano de agua a través de la opción pública. El restante 25´16% gestionan el servicio mediante la opción privada; bien mediante empresa privada (13´49%) o empresa mixta (11´67%). Las empresas con mayor presencia en la parte privada de la industria en el territorio andaluz son: Aqualia (57%), AGBAR (26´36%) y Acciona (2´55%). Por otra parte, el 40%´9% de los municipios realizan la gestión mancomunada o consorciada.
Aprovechando la debilidad económica de los Ayuntamientos, con suficiente población, las grandes empresas han jugado con prácticas, como las bien conocidas en provincias como la de Cádiz, Huelva y otras, de adelantar el canon concesional por anticipado, o irrumpir con precios por debajo de los costes reales ofreciendo un servicio deficiente, con bajos salarios y precariedad, o trasladando las inversiones en mantenimiento de redes e infraestructuras a generaciones venideras sin escrúpulo alguno y contando con la escasa capacidad de control de los Ayuntamientos. Prácticas estas que una vez comprobadas y constadas deberían ser prohibidas por ley.

Afortunadamente comienza a asentarse en la mayoría de las instituciones e incluso en el consumidor la “nueva cultura del agua”. Consistente en sustituir las políticas de gestión de los recursos hídricos basadas en aumentar en la oferta de manera indefinida por otras basadas en el control de la demanda, la eficiencia de las redes de transporte de la misma (control de pérdidas) y la constatación de que existen límites en el consumo del agua basados en los recursos disponibles en la cuenca hidrográfica de que se trate y en el respeto a los caudales ecológicos. Una cultura que se opone frontalmente a los procesos de mercantilización que basa sus ganancias en la facturación y no en la gestión razonable de un derecho humano que no es ilimitado.

En la actualidad multitud de Ayuntamientos, con el ciclo integral del agua privatizado, se plantea la recuperación y rescate del mismo y se encuentra con multitud de dificultades para ello. La propia Ley de Estabilidad Presupuestaria y las restricciones al aumento del Capítulo I o unos pliegos leoninos diseñados para impedir o dificultar estos procesos de manera clara.
La Junta de Andalucía y el Gobierno de España deben colaborar legislando, ayudando y apoyando la gestión pública del agua y el control de este bien de interés público. Mostrando su “rechazo a los procesos de privatización de la gestión del agua en Andalucía, por ser un modelo medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas sobre la gestión de este servicio básico”. Párrafo extraído de una moción aprobada en el Parlamento de Andalucía, a propuesta del Grupo de IULV-CA en octubre de 2015.
Para una mejor gestión de los recursos hídricos sería conveniente continuar con la lucha por conseguir que la gestión del Guadalquivir recaiga en nuestra Comunidad Autónoma.

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA TEBA propone la adopción de los siguientes acuerdos:

  1. Instar a la Junta de Andalucía a abordar, en colaboración con los ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones provinciales y otros órganos de gestión, un plan de reducción de pérdidas en las redes de abastecimiento urbano, con el objetivo de alcanzar una eficiencia en el transporte y distribución del agua similar a la media en Europa, y contribuir de este modo a la reducción de la sobreexplotación de aguas subterráneas y superficiales.
  2. Instar a la Junta de Andalucía a modificar la Ley de Aguas de Andalucía a fin de prohibir la utilización de los cánones concesionales. En caso de no poder prohibir esta modalidad, se insta a la regulación de los mismos, de manera que las cuantías ingresadas en las cuentas municipales por este concepto tengan carácter finalista para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras hidráulicas.
  3. Instar a la Junta de Andalucía a crear un servicio dedicado a auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio del agua. Para ello, el Gobierno: a) Editará un «Manual Técnico de Remunicipalización» para que los municipios conozcan las posibilidades reales de esta opción y el itinerario a seguir para el rescate a lo público. b) Impulsará de forma decidida la creación de los entes supramunicipales del agua establecidos por la Ley de Aguas de Andalucía, lo que no debe constituir un argumento para la aceptación del deterioro y el abandono de recursos locales.
  4. Instar a la Junta de Andalucía al establecimiento de acuerdos de colaboración público-público con los operadores públicos de agua que conlleve la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las trescientas obras de interés de saneamiento y depuración en la Comunidad.
  5. Instar a la Junta de Andalucía a que efectúe las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica. En este sentido, resulta esencial prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago, así como asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, en cumplimiento del derecho humano al agua establecido por la Unesco.
  6. Insta a la Junta de Andalucía a que siga trabajando para ver cumplida la voluntad adoptada por el Parlamento de Andalucía, en noviembre de 2011, por la que se reclamaba la cesión de las competencias sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por nuestra comunidad autónoma (90,22%).
  7. Que nuestro municipio no sea representado por nuestro concesionario o por la patronal ASA-Agua en las negociaciones con la Junta de Andalucía (por ejemplo en las negociaciones sobre el Reglamento de suministro que se está elaborando en este momento) o el Gobierno Central ya que ni una corporación privada ni una asociación que defiende los intereses de estas empresas pueden representar a nuestro pueblo a la hora de hablar de un bien que siempre es de titularidad pública.
  8. El Pleno muestra su rechazo a los procesos de privatización de la gestión del agua en Andalucía, por ser un modelo más gravoso para la ciudadanía, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas sobre la gestión de este servicio básico.
  9. El Pleno muestra su adhesión al Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social.

Esta moción fue aprobada en dicho Pleno por unanimidad.