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El Grupo Municipal de Izquierda Unida llevó al pasado pleno una moción contra la pobreza energética

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El Grupo Municipal de Izquierda Unida llevó al pasado pleno una moción contra la pobreza energética

El pasado 27 de enero en el Pleno Ordinario correspondiente a dicho mes, el Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA llevó a Pleno la siguiente moción:

Según datos de la Unión Europea, en 2015, el 27% de los españoles está en riesgo de exclusión social. Incluso afirma esa misma institución que el 11% de los trabajadores españoles tienen severas dificultades para llegar a final de mes aun disponiendo de empleo.

De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, España ha superado los 600.000 desahucios en los últimos 7 años. Amnistía Internacional resalta que solo entre enero de 2012 y junio de 2014 se ejecutaron 97.577 viviendas habituales en este país. Es decir, cerca de 100.000 personas se quedaron sin su vivienda habitual, mientras 3.440.000 de viviendas permanecen vacías por unas u otras razones. El Instituto Nacional de Estadística afirma que el 30% de las viviendas vacías en la Unión Europea se encuentran en España. A pesar de que solo el 1,1% de viviendas españolas del mercado inmobiliario son sociales (Países Bajos 32%, Austria 23%, Reino Unido 18% o Francia 17%), se han implementado políticas de privatizaciones del parque público de viviendas sociales a sociedades de inversión y fondos buitre; y se ha reducido más del 50% las partidas presupuestarias del Estado para vivienda desde 2008, según Eurostat. Si la ayuda para el acceso a la vivienda en España, según datos de 2012, fue de 27,79€ la media europea alcanzaba los 134,65€ (la media española está al 20% de la europea).

Ha sido este derecho fundamental recogido en la Constitución Española el que con más virulencia ha sido atacado por la desigualdad imperante. Frente a este panorama, cabe afirmar que las instituciones públicas estamos provocando una desprotección que ha sido respondida con medidas de ajustes insuficientes para cumplir obligaciones que exige el derecho internacional (artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y en el derecho constitucional (artículo 47 de la Constitución Española).

La ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y además una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así no sólo se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, sino que además una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profesionales.

Además, como resultado de todo ello a las personas deudoras se le embargarán bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la deuda.

La legislación que permite todo lo anterior es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Era, con mayor injusticia, muy desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones de las viviendas y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos.

Ahora miles de personas descubren que cualquier impago, por pequeño que sea, puede suponer el vencimiento anticipado de todo lo adeudado, y que esos contratos hipotecarios contenían numerosas cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo-techo, o de los intereses moratorios que oscilan entre el 18 y 20%.

Todo lo aquí expuesto vulnera el derecho a la vivienda que como mandato constitucional está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Los efectos dramáticos de la situación descrita se concretan de una forma especial en el ámbito municipal, puesto que es a los Ayuntamientos a donde se dirigen mayormente las personas y familias afectadas en busca de ayuda.

La pérdida de la vivienda priva al individuo o familia de toda residencia y, a su vez, la ausencia de residencia, conlleva la pérdida de otros derechos e impide a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente, y en muchos casos las condena a la exclusión y marginación social y económica.

Es necesario intervenir con urgencia ante esta dramática situación.

En este contexto, y dada la desprotección a la que está sometida la ciudadanía, el Estado ha vendido los recursos que tenía para hacer de la energía un derecho. Sin embargo, la venta de empresas públicas estatales y la privatización del sector ha dejado en pocas manos lo que debería ser un derecho. Así las cosas, en plena ola de frío, las eléctricas, enmarcadas en un sistema injusto, han subido los costes de la luz hasta en un 30%, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de las familias y que formen parte de la agenda política las víctimas de la pobreza energética.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA, somete para su aprobación los siguientes acuerdos:

  • 1º.- Exigir el cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social y, en concreto, para prevenir la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.
  • 2º.- Exigir la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas.
  • 3º.- Exigir la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico.
  • 4º.- Compromiso de elaborar por parte de este municipio un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.
  • 5º.- Instar al Gobierno a que comience a representar los intereses de la mayoría frente a las oligarquías financieras del sector energético.
  • 6º.- Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Esta moción fue aprobada en dicho Pleno por unanimidad.