En el Pleno Ordinario celebrado el pasado viernes 2 de junio, el Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA llevó a Pleno la siguiente moción:

El Ministerio de Justicia lleva tiempo planteando una reforma integral de los Registros Civiles. La ley 20/2011 es la que regula esta reforma y en la misma solo se mantendría una oficina del Registro Civil en cada CCAA y, como máximo, otra más por cada 500.000 habitantes. Esta ley entrará en vigor el próximo día 1 de Julio.

Tras los intentos de privatización de este servicio (afortunadamente parados por la movilización ciudadana, sindical y de las entidades locales) en favor de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que promovió el anterior ministro de Justicia, Sr. Gallardón, se consiguió que el actual equipo de este ministerio del Sr. Catalá, haya aceptado que el Registro Civil siga quedando en el ámbito de la Administración de Justicia, como en la actualidad.
Sin embargo, en la propuesta de modificación de la mencionada Ley 20/2011 que el ministro de Justicia ha entregado en la Conferencia Sectorial a los Consejeros Autonómicos correspondientes, se mantiene la intención de cerrar la mayoría de las actuales oficinas de Registro Civil. El texto propuesto por el Ministerio de Justicia a las CCAA dispone que:

• En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y /as Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes.
• Por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma.
• En atención a /as dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley.

Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, en sus respectivos ámbitos territoriales, el diseño, creación y organización de las oficinas generales del Registro Civil.
Hasta ahora, y desde hace casi 150 años, todos los trámites que se realizan ante cualquier Registro Civil son totalmente cercanos a la ciudadanía y realizados por personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia o personal idóneo de los ayuntamientos, donde lo llevan de una forma profesional, cercana y con asesoramiento personalizado en todos los trámites requeridos.

La materialización de este proyecto de reforma de la distribución territorial de los Registros Civiles supondrá el alejamiento de este servicio público de la ciudadanía pues conllevaría la desaparición de las oficinas del Registro Civil en la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones.

Se traduciría, por tanto, en el traslado de dichos registros a las capitales de tamaño superior, obligando con ello a los vecinos de las localidades más pequeñas, a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho o acudir, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de población. No está garantizado, incluso, que los vecinos y vecinas de la mayoría de los pueblos de la Comarca, puedan seguir inscribiendo a sus hijos e hijas como nacidos en esas localidades cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en los mismos.

El Registro Civil es un servicio público profundamente arraigado en los municipios, donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y directa y donde los vecinos y vecinas han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, ascendientes y descendientes lo que ahora, con su desaparición no podrán seguir haciendo.
Es comprensible, por tanto que nos opongamos a semejante pretensión, que tendría como consecuencia un grave deterioro del servicio público, eliminando recursos y suprimiendo empleo.
Es por tanto una reforma más, alejada de la sociedad, que el Gobierno actual, siguiendo el camino ya marcado de desmantelamiento y deterioro del Servicio Público ha emprendido.

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA TEBA propone la adopción de los siguientes acuerdos:

1. El Ayuntamiento de Teba se opone al cierre de los registros civiles, tal como propone la ley 20/2011 del ministerio de justicia que regula la reforma integral de los registros civiles.
2. El Ayuntamiento de Teba valora el registro civil como un instrumento básico y esencial que presta un servicio a sus vecinos al cual no estamos dispuestos a renunciar.
3. El Ayuntamiento de Teba insta al gobierno de la nación paralice la aplicación de esta ley que está prevista entre en vigor a primeros de julio, rectifique su decisión y mantenga los registros civiles que existen actualmente en los municipios.
4. Comunicar estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y del Parlamento Andaluz.

Esta moción fue aprobada en dicho Pleno por unanimidad